La deslocalizada Konecta, propiedad de Botín, premiada por el Gobierno del PP

Marcos M.R.
| 10.04.2014

En diciembre pasado el grupo empresarial Konecta cerró su centro de trabajo en Torlavega, obligando a sus 152 trabajadores a decidirse entre aceptar el traslado a Valladolid o rescindir el contrato. Sólo 3 de ellos aceptaron emigrar a Castilla, el resto fueron despedidos. En pleno conflicto laboral, el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, acudió al Parlamento para solicitar a la oposición que le dejaran a él solo resolver el problema, sin que hubiera ningún tipo de injerencias en la negociación.

Esta actitud tiene dos poderosas razones. La primera es la responsabilidad del Banco Santander de Emilio Botín en el grupo empresarial, del que es máximo accionista. La segunda es la vinculación del Gobierno español del PP con la empresa Konecta, a la que ha premiado recientemente con el encargo de gestionar la campaña de la renta de este año. Cuando se supo este hecho, los trabajadores de Konecta le plantearon al Gobierno de Ignacio Diego que presionara para cumplir su promesa de salvar los puestos de trabajo, pero la promesa del ejecutivo del PP cayó una vez más en saco roto.

Meses después de lo sucedido se puede afirmar que el ejecutivo de Ignacio Diego gobernó, como viene siendo habitual, a favor del poder financiero y sus intereses partidistas en Madrid, y en contra del interés de los trabajadores cántabros, que fueron despedidos tras no acceder a la deslocalización que el grupo empresarial llevó a cabo.

La asignación pública a Konecta se torna más grave al comprobar que esta empresa se caracteriza por no respetar los derechos de los trabajadores, como demuestran las 189 sentencias en la jurisdicción social que Konecta colecciona en su contra, varias de ellas por quebrantar derechos fundamentales de los trabajadores.La mayoría de estas sentencias tienen que ver con despidos objetivos por absentismo (con 20 días por año de indemnización) que los tribunales declararon improcedentes.

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