Nuevas represalias contra los estudiantes presentes en la protesta universitaria contra Diego

Carmen T.
| 26.02.2014

Los estudiantes presentes en la protesta que tuvo lugar el pasado lunes en la Universidad de Cantabria están siendo identificados y se enfrentan a una investigación por posibles delitos de “desórdenes públicos” y “coacción” que ha abierto el Juzgado de Instrucción nº 4, instado por las declaraciones de varios miembros de la Policía Nacional.

El grupo de estudiantes, convocado por EDUP, protagonizó una protesta pacífica el pasado lunes en el campus de la UC, tras haber tratado de acudir al evento público protagonizado por Ignacio Diego, ‘Tengo una pregunta para Usted’, negándoseles sin motivo el derecho de admisión. Teniendo en cuenta que el acto anunciado era de acceso público y que la jornada transcurrió de forma no violenta, exceptuando una agresión a dos estudiantes que llevaron a cabo los guardaespaldas del Presidente, la noticia de esta nueva investigación ha generado polémica.

‘LIBRES’ denuncia la criminalización de la protesta social

A este respecto, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) manifestó en un comunicado emitido ayer en su página web su “preocupación” por la actitud de los organismos oficiales, que “siguen criminalizando la protesta social”.

El colectivo lamenta lo injusto de la situación, donde una protesta pacífica se ha visto “estigmatizada” y “criminalizada” por el equipo de gobierno, además de por el propio rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, que calificó el evento de “triste episodio” e indicó, irónicamente, “no tener la llave” para evitar sucesos de este tipo en el futuro.

La asamblea también denuncia la abusiva actitud de los agentes de la Policía Nacional, cuyas declaraciones, amparadas en un uso “pervertido” de la presunción de veracidad de los policías, han obligado a abrir una investigación por “desórdenes públicos” y “coacciones” contra los estudiantes participantes en el “escrache”.

Por todo ello, LIBRES solicita “que se descarte de inmediato esta investigación” y pide un cambio de actitud a policías, miembros del equipo de gobierno y medios de comunicación, solicitando otra investigación diferente, sobre el “abuso de poder y la prevaricación administrativa.”