Torrelavega crea un comité solidario para juicios y multas

Patricia Manrique (Diagonal)
| 07.02.2014

La comarca del Besaya vive una situación social y económica crítica que no frena la respuesta social. El próximo lunes organizan una charla sobre la Ley de Seguridad ciudadana.

El pasado diciembre, un grupo de personas  provenientes de diversos movimientos sociales torlaveguenses conformaban el Comité antirepresivo del Besaya, para denunciar la situación que vive la comarca y solidarizarse con las personas afectadas por alguna sanción legal. Quieren informar a la población, dando una visión de conjunto del panorama represivo, organizar eventos para crear una caja de resistencia que ayude a hacer frente a las tasas y multas, y crear mecanismos de solidaridad con los y las multadas.

El próximo lunes, 10 de febrero, el Comité celebrará su primer acto público a las 19.00 en la Casa de Cultura de Torlavega, una charla, impartida por los abogados María Luz Ruiz Sinde y Fernando Merodio, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.  A juicio de Merodio, “toda ley que quiera regular la seguridad ciudadana es antidemocrática: lo que hay que regular son las libertades y derechos, que no se cumplen en esto que se llama democracia. Lo que llaman ‘seguridad ciudadana’ es la seguridad de los poderosos”. Para este abogado, “hay que seguir haciendo lo mismo, preocuparse de la conquista de nuestros derechos” y no dejarse intimidar por la ley.

Una comarca en grave crisis

Torlavega lidera la tasa de paro en Cantabria, con un 27´6, y la situación se hace insostenible en una comarca que se niega a morir. Los conflictos laborales abiertos en empresas como Sniace, Solvay, Konecta, Kiabi, Aki… son retazos de un panorama desolador en el que a la pérdida de puestos de trabajo directos se suma una incalculable pérdida indirecta. Cada día cierran más comercios. Paradójicamente, empresas tan contaminantes como Sniace o Solvay han sido el pulmón económico de esta ciudad industrial y ni el Gobierno autonómico ni el Ayuntamiento han sabido proponer alternativas.

Desde el inicio de la actual situación se ha producido a escala local una respuesta articulada, crítica y muy activa. Manifestaciones, huelgas, ocupaciones pacíficas de dependencias administrativas y oficinas bancarias o empresariales, actos informativos… han inundado las calles. Una actividad que sirvió al alcalde Ildefonso Calderón (PP), en las previas a la moción de censura, para intentar difundir la idea de que se estaba creando un clima “batasuno” y “bolivariano” en la comarca, y que ha sido represaliada con un goteo de juicios penales y multas que ha llevado a personas de diversos movimientos sociales ha formar el Comité antirepresivo del Besaya.

Goteo represivo

Durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 la policía detuvo a dos jóvenes que formaba parte de los piquetes informativos que hoy se enfrentan a peticiones de 16 meses de prisión y una fianza de 4200 euros, acusados de resistencia grave a la autoridad y lesiones a dos agentes de la Policía Nacional. Como nota curiosa, uno de los policías solicita que se le abone el valor de la pluma estilográfica Montblanc que perdió en el transcurso de los hechos.

Unos meses más tarde, en abril de 2013, durante un acto público de la PAH de Torrelavega en la víspera de la aprobación de la Ley Hipotecaria, los participantes realizan un escrache de unos cinco minutos de duración en el domicilio de Calderón, que interpone al día siguiente una denuncia por "acoso" a su domicilio y "sustos" a sus vecinos y familia. Fue sobreseída por el Juzgado de Primera Instancia por considerar inexistentes las amenazas y la violencia además de entender la protesta como legítima desde el punto de vista legal. Semanas después, es la Delegación del Gobierno quién denuncia a los participantes en la protesta bajo la acusación de manifestarse sin autorización e impone sanciones de 300 euros a ocho personas en lo que la PAH denunció como una venganza. Gracias al impulso de Asamblea Ciudadana Por Torrelavega, que cuenta con un edil en el ayuntamiento, se aprobaron dos mociones en el mismo, una para que se le solicitase la retirada de las multas, y otra para proceder a su reprobación, pero ninguna de ellas se ha llevado a cabo. Han recurrido y piensan llegar al contencioso: “Tenemos muy claro que no vamos a pagar y que vamos a llegar al final hasta sus últimas consecuencias, empezando por el pago de las tasas judiciales”, explica Eva Bolado, una de las multadas.

Poco después, los vecinos de Lasaga Larreta 33, que llevan 7 años exigiendo la retirada de un transformador de E.On colocado sin autorización en su comunidad y que provoca graves daños a su salud (sospechan que está conectado con una alta tasa de mortalidad por cáncer) se encierran en las oficinas de E.On. El encierro les supuso una denuncia con su correspondiente juicio de faltas en breve a varios de los vecinos y vecinas que participaron en la acción.

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