‘W’, un menor “secuestrado” por la Administración

María Rado
| 29.04.2014

Ferdinand y Monique llevan 5 años luchando para que la Administración les devuelva a su hijo ‘W’. En 2009, cuando el pequeño tenía cinco años, lo llevaron al hospital después de que sufriera un accidente doméstico y se partiera la pierna. Lo que empezó como un acto de protección terminó con los progenitores en el calabozo y el menor bajo tutela de los Servicios Sociales de Cantabria.

El Servicio de Protección del Menor había activado el protocolo de maltrato al observarse, aparte de la fractura en la pierna, otras contusiones que le habían llevado en los días previos al mismo centro hospitalario. Presentó dos denuncias, una por la vía penal en la que acusaba a Ferdinand y Monique de un delito de lesiones y desamparo, y otra por la vía civil, que debería resolver la cuestión de la patria potestad. En este momento la familia se vio inmersa en un laberinto burocrático y jurídico del que cinco años después aún no ha salido y que les ha impedido recuperar al menor, que no conoce a sus dos hermanos pequeños. ‘W’ a día de hoy ya cuenta con diez años, ha pasado por varias familias de acogida y ahora está en proceso de preadopción.

Tras el ingreso e intervención de los Servicios Sociales, se emitieron dos informes que desestimaban la existencia de malos tratos hacia ‘W’. Tal y como recoge la sentencia penal, el informe forense afirma que “el estudio de las lesiones presentadas por ‘W’, no es concluyente respecto de la existencia de maltrato”, el informe psicosocial, por su parte, concluye que “hay diversos indicadores compatibles con una situación de maltrato infantil, sin embargo, se aclara que alguno de estos síntomas como enuresis, pesadillas, cicatrices, lesiones son síntomas psicológicos que podrían resultar compatibles con el proceso adaptativo que conlleva el cambio de país, de cultura y entorno sociofamiliar”. 

Pese a los dos informes, que no apoyaban la versión de malos tratos defendida por el Servicio de Protección del Menor, el proceso civil continuó su curso. La denuncia efectuada por la vía penal, por su parte, fue archivada aunque la Administración la recurrió, alargando el proceso cinco años hasta marzo del pasado año, cuando la Audiencia Provincial absolvió a los dos acusados (para quienes se pedía siete años de cárcel respectivamente). En ese momento la Administración volvió a recurrir y fue el pasado diciembre cuando la sentencia se hizo firme.

Sin embargo, la inocencia de Ferdinand y Monique no ha supuesto que recuperen la patria potestad de ‘W’, ni siquiera que se reanude el régimen de visitas que quedó suspendido a finales de 2010, momento en que dejaron de verlo. Cuando se abre un procedimiento civil en el que se separa a un menor de sus progenitores, éstos disponen de dos años para recuperar la custodia, Ferdinand y Monique llevan cinco años sumergidos en un bucle jurídico por culpa de los continuos recursos de la Administración, así que, pese a ser inocentes, queda en manos del juez civil resolver a su favor, o no. Ninguno de los dos ha dejado de luchar, pero las cosas tienen que ponerse muy cuesta arriba cuando el propio Director General de los Servicios Sociales, Francisco Javier Dávila,  afirma que “nunca” volverán a ver a su hijo.

Irregularidades en la intervención del Gobierno

A petición de las Hijas de la Caridad, encargadas de la Cocina Económica, en 2011 se presentó un informe firmado por el Catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco, Joaquín de Paúl, y por la Doctora en Psicología de la misma institución, Ignacia Arruabarrena, en el que se señalaba que “la intervención del Gobierno de Cantabria no se ha llevado a cabo siguiendo algunos principios y criterios de actuación básicos y centrales”. Ambos profesionales coinciden en que en este tipo de situaciones la Administración o el ente encargado de velar por la seguridad del menos tiene que llevar a cabo un proceso de evaluación para, con la información recopilada, diseñar un “Plan de Caso”. El informe señala que, con la documentación que les había sido aportada, no estaban en facultad de afirmar que el Gobierno hubiese llevado a cabo ni la evaluación ni el Plan de Caso necesarios en estas situaciones. Esta ineficacia por parte de la Administración es paradójica, teniendo en cuenta que el propio Manual de actuación del Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, publicado en 2007 por el Gobierno autonómico, recoge la necesidad de realizar este proceso.

Este escrito también afirma que “la intervención de los Servicios de Protección Infantil en los casos de desprotección, sean de gravedad moderada o grave, debe, además de asegurar la protección y bienestar del menor, contemplar como alternativa prioritaria la provisión de recursos de apoyo y tratamiento a la familia con el objetivo de promover la reunificación familiar” y la conclusión extraída tras el análisis de la documentación por parte de los psicólogos es que no ha habido esfuerzo alguno en intentar reunificar la familia y que “no existe ninguna circunstancia que lo justifique”.

Además, señalan un factor que “aunque pudiera parecer menor debe ser considerado como de gran relevancia”: la impredecibilidad a la que se enfrenta el niño en lo que a su futuro se refiere: con quién va a convivir, quiénes le van a proteger, etc. Para minimizar al máximo el daño que esta situación pueda hacer a ‘W’, recomiendan controlar el tipo de mensajes que el menor recibe, sin embargo, es complicado que un niño de diez años viva ajeno a lo que le rodea y no repercuta en él haber pasado por diferentes familias de acogida y no ver a sus padres desde hace cuatro años.

Numerosas muestras de apoyo

Ferdinand y Monique no han estado solos en estos cinco años, han recibido apoyo vecinal, social, varios medios alternativos (Diagonal, Los Sonidos de mi Barrio) les han dado voz, y se ha constituido una Asamblea por la Libertad de W, que organiza charlas informativas y concentraciones de protesta como la celebrada el pasado sábado en Santander. Existe un blog en el que periódicamente se va colgando información y documentación acerca del caso, así como convocatorias para actos públicos. Mientras la ineficacia burocrática y judicial mantenga atrapado y separado de sus padres a ‘W’ este apoyo y su representación en la calle no cesarán.

[Fotografía de Joaquín Gómez Sastre]

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Comentarios

Me identifico con la defensa

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Me identifico con la defensa que se viene realizando por parte de instituciones como la Audiencia Provincia los propios padres de "W", Ferdinand y Monique para recuperar la convivencia con su hijo "W" tras cinco años de su separación por parte del Gobierno de Cantabria a través del Servicio de protección del Menor.