Registran la sede de la SGAE por apropiación indebida y desvío de fondos

Redacción.
| 02.07.2011

teddy_bautistaLa Guardia Civil ha registrado la sede de la SGAE en el marco de una operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de desvío de fondos y apropiación indebida, según han confirmado desde el Instituto Armado a RTVE.

Según fuentes de la investigación citadas por EFE, el presidente de esta sociedad, Teddy Bautista, y otras dos personas, serán puestos a disposición judicial.

Esta operación se ha abierto a raíz de una denuncia que otra sociedad presentó hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción por apropiación indebida.

La sede de la SGAE permanece cerrada a cal y canto desde el inicio del registro y todos los trabajadores de la sociedad han sido desalojados. Tres vehículos de la Guardia Civil están situados en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo y numerosos periodistas se han congregado a las puertas del Palacio de Longoria, donde se ubica la SGAE.

El registro se produce un día después de las elecciones celebradas el jueves, en las que la Candidatura Profesional de Autores y Compositores (CPAC) ha logrado el respaldo mayoritario de los socios.

Denuncia de los internautas

El origen del registro está en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional a a raíz de una denuncia interpuesta en noviembre de 2007 po la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

La denuncia se basaba en la aparición en distintos medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". Los internautas denunciaban que los directivos de la SGAE habían creado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.

Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".

A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".

 

[Información e imagen extraída de Kaos en la red]