Hitzeman, ¿un paso hacia la solución del conflicto vasco?

Adrián G. Gómez
| 28.10.2014

Hitzeman significa ‘dar la palabra’ o ‘prometer’ en euskera. Es el nombre de la apuesta de la Secretaría de Paz y Convivencia de la Lehendakaritza para facilitar la convivencia entre las víctimas del conflicto vasco, la sociedad y las personas encarceladas. El programa, que se debatirá durante cinco meses, bebe de la experiencia de la Vía Nanclares –proceso de reinserción similar que exigía a los reclusos renegar de ETA y su entorno, incluyendo en éste los colectivos de presos, para poder acceder a ciertos beneficios en sus procesos penitenciarios– y, al  igual que ésta, parece no convencer a amplios sectores de la población vasca.

La iniciativa se enmarca en un nuevo contexto en el que, tres años después del cese definitivo de la actividad armada de ETA, aún se vive una sensación de parálisis y bloqueo en el proceso de normalización. El Programa Hitzeman es de adhesión personal y voluntaria por parte de las personas encarceladas y se inicia con una declaración que reflejará el “compromiso de contribución a la consolidación definitiva de la paz”. A partir de ahí, se proponen cuatro itinerarios de colaboración con diferentes entidades académicas, institucionales, solidarias o de la sociedad civil tras el cual la Comisión Gestora emitirá un dictamen favorable o desfavorable al “proceso de reintegración social” que el Gobierno vasco convalidará y trasladará a las instituciones competentes. A su vez, Hitzeman ofrece a las personas presas asesoramiento legal y apoyo a la inserción laboral y al acceso a la vivienda.

Lokarri, red ciudadana por el acuerdo y la reconciliación fundada por Jonan Fernández, actual secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, ve con buenos ojos el plan propuesto por el Gobierno vasco y lo califica como “una aportación interesante y constructiva”. El colectivo, que ha anunciado recientemente el fin de su trayectoria al haber alcanzado sus objetivos y realizar una “importante aportación a la paz y a la convivencia”, propone ahora dar el protagonismo a la sociedad vasca y pide a toda institución, partido o actor implicado que “haga un esfuerzo por consolidar el proceso”.

Por su parte, Etxerat considera que el programa es “ineficaz”. La asociación de familiares y amigos de presos afirma que el diagnóstico que transmite la iniciativa parte de una lectura errónea de la situación que no atiende a que “son presos políticos porque existe un conflicto político vasco”, y que, si no se va a la raíz del problema, “no habrá una solución duradera o efectiva”. Hitzeman es, en su opinión, una “mera manifestación de intenciones”, señala Etxerat, que subraya que el Gobierno vasco no tiene las competencias necesarias para influir realmente en los procesos de excarcelación.

La política de dispersión de presos vascos comenzó en la primavera de 1989, de mano del entonces director general de Instituciones Pentenciarias, Antoni Asunción, y Enrique Múgica, a cargo de la cartera de Justicia. Los últimos informes del colectivo cifran en 469 el número de personas presas que se encuentran repartidas por 76 prisiones, en su inmensa mayoría de los Estados español y francés. Aproximadamente tres cuartas partes de estos encarcelados se encuentran en centros penitenciarios a más de 500 kilómetros de distancia de Euskal Herria y, por consiguiente, de sus familias. Ibon Iparraguirre, enfermo de sida en estadio C y actualmente encarcelado en el centro penitenciario de Navalcarnero, es uno de los 11 presos con enfermedades graves a los que no se les ha concedido la prisión atenuada. Las solicitudes de acercamiento realizadas por parte de 125 presos de  manera individual han sido rechazadas una tras otra.

Esta realidad, la dispersión, supone una carga para los familiares y amigos, que tienen que realizar una enorme inversión económica y de tiempo para poder relacionarse con sus allegados encarcelados. Sólo en 2014, Etxerat contó 9 accidentes de tráfico entre los familiares de presos vascos dispersos, en los trayectos realizados para visitarles. El último de ellos, en septiembre, el de la propia portavoz de la asociación. En estos 25 años se han contado 16 muertes.

Ibai Bilbao, miembro de Etxerat, vive esta situación y sufre las consecuencias de esta ley de excepción. En su opinión, Hitzeman es una postura “bastante floja e irreal” que no va a solucionar esta problemática y afirma que por lo que hay que apostar realmente es “por el fin de la política de dispersión, que vulnera las normativas europeas y la propia legalidad penitenciaria del Estado español, que dicta que cualquier preso ha de estar en la prisión más cercana a su domicilio”.

Según Bilbao, el Gobierno español no quiere dar ningún avance en esta materia, pues ello supondría reconocer que existe un conflicto en el pueblo vasco y que debe solucionarse. Por ello, “lo evita para no tener que entrar en este tema en profundidad”. El Estado español “no quiere” dar ningún paso para solucionarlo, y de ahí su inmovilismo.

¿Y los derechos de los presos?

La ilegalización del movimiento pro derechos humanos Herrira en octubre del pasado año y la detención de parte de los interlocutores y abogados del Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) en enero no han facilitado el acercamiento de posturas en un proceso de paz que parece enquistado, a pesar de que ETA declarara el alto el fuego definitivo. La reciente detención de Nagure Mujika, cuando visitaba a su compañero en la cárcel de Villena, delante de su hija de seis años, a pesar de que la orden de detención fue emitida hace 20 años, es otra muestra más de la falta de voluntad del Gobierno. El Movimiento de Liberación Nacional Vasco sí que ha cedido y ha rebajado sus demandas. Para lograr ese consenso, actualmente la petición oficial en referencia a los presos políticos es que se respeten sus derechos humanos, los cuales se articulan en tres bloques: poner fin a la dispersión, garantizar el derecho a la salud y la excarcelación al cumplir tres cuartas partes de la condena, al igual que el resto de personas presas.

Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu, sostiene que esta desigualdad se explica mediante la dualidad de legislaciones que tiene el sistema penitenciario español: “Hay una legislación excepcional contra el enemigo y otra para el amigo; una para los que confrontan el Estado y otra para sus defensores; una de venganza y otra de impunidad e indulto”. El plan Hitzeman, en lugar de romper con esta excepcionalidad legislativa “se apoya en ella”, yendo en dirección contraria a lo que la sociedad está solicitando.

El político abertzale entiende que si la pretensión del Gobierno vasco fuera realmente mejorar las condiciones de los presos y realizar un plan realista que les ayudase, lo primero habría sido “reunirse con ellos para conocer cuál es su posición y, a partir de ahí, consensuar o contrastar el proyecto”.

[Texto e imagen extraídos de Diagonal (diagonalperiodico.net)]

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